Según un informe de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, las vías ilegales y la ganadería extensiva habrían dado lugar a la tala de 75.000 hectáreas de bosques amazónicos. Cifras oficiales preliminares se acercan a la cifra propuesta por la ONG.
La deforestación en la Amazonia colombiana no da tregua, menos en pandemia. Un informe publicado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible de la Amazonia (FCDS) indica que “hubo un cambio abrupto en 2020, y se incrementó significativamente la deforestación en la región, superando las 75.031 hectáreas al 15 de abril de este año”. Esto quiere decir que, según los cálculos de la ONG, entre enero y abril de 2020 ya se tumbó la misma extensión que en todo el año pasado.
Ahora, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) aún no ha publicado las cifras oficiales de deforestación para el año 2019, sin embargo, los cuatro informes de alertas tempranas que enviaron indican que la cifra de deforestación en la región amazónica podría alcanzar las 73.000 hectáreas, aproximadamente.
Según la ONG, entre enero y abril se habrían talado 25.876 hectáreas en Caquetá, 22.869 en Meta, 18.498 en Guaviare, 4.659 en Putumayo, 1.978 en Vichada, 747 en Guainía, 576 en Vaupés, 245 en Amazonas, 124,8 en Cauca y 58.3 en Nariño. Para los últimos dos departamentos, la cifra no corresponde al total del departamento sino a la extensión que hace parte de la línea desde donde se considera Amazonia, instituida por el Instituto Sinchi desde 2014.
En cuanto a áreas protegidas, la lista de “los más deforestados” la encabeza el Parque Tinigua (igual que en los reportes del IDEAM), con 5.154 hectáreas. Le sigue el PNN Sierra de La Macarena (Meta) con 1.453 hectáreas, el PNN Serranía del Chibiriquete (Caquetá y Meta) con 441 hectáreas y el PNN Nukak, con 437 hectáreas deforestadas. Cabe recordar que desde mediados de febrero de 2020 los guardaparques de los parques Puré, Apaporis, Chiribiquete, La Paya, Macarena, Tinigua y Picachos y las reservas naturales de Puinawai y Nukak fueron sacados de sus lugares de trabajo por presuntas disidencias de las Farc, dejando sin la presencia de funcionarios y sin gestión ambiental con comunidades locales a por lo menos 9 millones de hectáreas de selva.
Las vías, registro de veredas, apertura de fincas ganaderas, cultivos de coca, hacen parte de un complejo menú de actividades ilegales deterioran significativamente los resguardos indífenas y la expectativa del regreso de estos indígenas a su territorio.Los resguardos indígenas con mayor deforestación es Llanos del Yarí-Yaguará II (Guaviare), con 2.050 hectáreas, el Resguardo Nukak Maku (Guaviare) con 1.625 ht, Villa Catalina de Puerto Rosario (Putumayo) con 584, Selva de Matavén (Vichada) con 562 hectáreas, y el Predio Putumayo (Putumayo) con 304 hectáreas.
El FCDS monitorea la época seca, entre octubre y abril, que es cuando más incendios y tala hay en la región. Lo que llaman el “tumba y quema”. De acuerdo con la ONG, hubo un periodo “retrasado” de lluvias que cayeron entre diciembre y las primeras semanas de enero, que pudieron haber aplazado la quema de bosques que ya estuvieran en el suelo desde 2019. Con ese aparente retraso en el periodo de quemas, también fue visible en algunas zonas que los tiempos de tumba del bosque se retrasaron. Es decir, no solo fueron las quemas, sino también las tumbas.
El informe también menciona un incipiente pero rápido crecimiento de cultivos de eucalipto y palma en la Reserva Forestal se presentan en las sabanas de la Fuga, Guaviare, e inclusive ya se ven terrenos mecanizados al interior del resguardo Nukak. Llama la atención que estos cultivos han sido rechazados por Fedepalma en virtud de la ilegalidad de estos.
