La moratoria afecta a 1.120 hectáreas de 14 municipios en los que están proyectadas 3.000 viviendas
Paralizadas las nuevas construcciones a primera línea de mar en la Costa Brava. La Comisión de Urbanismo de Girona ha aprobado este jueves la suspensión de tramitaciones de proyectos urbanísticos y la concesión de licencias de obras en todos los suelos urbanos y urbanizables sin edificar situados en la franja de 500 metros del litoral de toda la provincia. Esta moratoria de un año, con posibilidad de prorrogarla otro, afecta a 43 sectores de “suelo urbanizable”, entre Portbou y Blanes, y 270 hectáreas donde se podrían construir más de 3.000 viviendas.
La moratoria llega después de múltiples campañas de grupos conservacionistas que denuncian que, con la mejora de la economía, han resurgido viejos proyectos inmobiliarios que habían quedado en un cajón durante la última década. Los activistas ven peligrar las zonas más vírgenes de la costa catalana. La suspensión de licencias no solo afecta a las 3.000 viviendas proyectadas en suelo urbanizable, sino también a unas 850 hectáreas de “suelos urbanos”. Ocho de los proyectos denunciados por la plataforma ecologista SOS Costa Brava entran dentro de esta “congelación”. Por ejemplo, un hotel en la cala de Sa Riera, una urbanización de la cala de Aiguafreda y en el espacio natural de la cantera de s’Antiga, tres proyectos situados en el municipio de Begur (Baix Empordà). En la misma comarca están afectados proyectos en Aigua Xelida y en Sant Sebastià, ambas en la localidad de Palafrugell. Más al norte, en el Alt Empordà, también quedan afectados proyectos en la zona de Sa Guarda de Cadaqués. Cuando el próximo 13 de febrero la Generalitat apruebe el nuevo Plan Director Urbanístico (PDU), ampliará la moratoria a nuevos sectores y suelos.
Esta primera moratoria, según ha explicado el secretario de Hábitat Urbano y Territorio, Agustí Serra, afecta al ámbito “más sensible” del litoral. Mayoritariamente el que tenga más del 50% del área con pendientes superiores al 20%, y “no paraliza obras de urbanización o construcción que ya tengan licencia de obras en los sectores afectados”. Se trata, según él, de una medida preventiva mientras se trabaja en la redacción del plan de revisión de suelos no sostenibles. El nuevo plan analizará la ordenación de todos los suelos que todavía se podrían urbanizar en los 22 municipios de la costa gerundense, pero que no se han llegado a desarrollar, y propondrá un diseño sostenible o desclasificará directamente. El objetivo es “aprobar inicialmente antes de un año el PDU y, como permite la ley, ampliar la suspensión de licencias un año más”.
Serra ha explicado que “seguro que se desclasificarán algunos de los 43 sectores que entran en la moratoria, pero no de las parcelas incluidas en las 850 hectáreas de suelos urbanos, estas se modificarán”.
El municipio más afectado por la moratoria en los sectores de suelo urbanizable es El Port de la Selva (Alt Empordà), que tiene suma 12 proyectos. Le sigue Cadaqués con 9, Begur, Tossa de Mar y Llançà con 4 y con entre 1 y 3 están Sant Feliu de Guíxols, Portbou, Colera, Palamós y Lloret de Mar. En cuanto a la suspensión en suelos urbanos, además de los anteriores están afectados Palafrugell, Roses, L’Escala y Torroella de Montgrí.
A partir de ahora se trabajará en los sectores que quedan “congelados”. Serra ha explicado que se pueden dar tres situaciones: que se decida mantener las condiciones actuales porque el impacto sea menor y se solvente con medidas correctoras, que se proponga cierta reordenación para disminuir el impacto ambiental y paisajístico, o que se acabe desclasificando. Los ecologistas de SOS Aiguafreda Salvem la Costa de Begur han considerado esta moratoria “una pequeña gran victoria” que consigue reducir unas 50 casas en Sa Riera. A pesar de ello aseguraron que seguirán trabajando “para proteger el máximo de patrimonio natural”.
