Un informe de los auditores europeos alerta sobre la falta de medidas adecuadas en la UE ante un problema que afecta especialmente a España y Portugal
“El riesgo de desertificación en la Unión Europea no se aborda de forma eficaz y eficiente”. Con esta frase resume el Tribunal de Cuentas europeo la situación de la lucha contra una de las consecuencias del cambio climático que amenaza especialmente a España y al sur del continente: la mayor vulnerabilidad a la desertificación. La radiografía de los auditores europeos, publicada este martes, continúa así: “Pese a que la desertificación y la degradación de las tierras constituyen amenazas actuales y crecientes en la UE, la Comisión no tiene una idea clara de estos problemas, y las medidas tomadas para luchar contra la desertificación carecen de coherencia”.
La desertificación es una forma de degradación del suelo en las tierras secas cuya importancia ha empezado a ponerse de manifiesto este año con el largo período de altas temperaturas y bajas precipitaciones registrado durante el pasado verano. Tiene como resultado la infertilidad de los suelos y la reducción en la producción de alimentos. “Sus efectos”, añade el informe, “serán especialmente agudos en Portugal, España, Italia, Grecia, Chipre, Bulgaria y Rumanía”.
El tribunal llevó a cabo su fiscalización entre septiembre de 2017 y mayo de 2018 y entre otras cosas hizo visitas de auditoría a cinco Estados miembros que se declararon afectados por la desertificación: España, Italia, Chipre, Portugal y Rumanía. Fueron seleccionados también por “su vulnerabilidad a la desertificación” y para abarcar distintas condiciones climáticas, vegetación, actividades humanas y riesgos. Los auditores analizaron además documentos estratégicos, informes y datos.
Entre la documentación consultada por los auditores europeos sobre España figura el Programa de Acción Nacional de España de 2008, según el cual “el 74% del país está en riesgo de desertificación”, tal y como refleja el informe del tribunal. El 18% presenta un riesgo alto o muy alto, mientras que el 19% tiene un riesgo medio. “La situación es especialmente preocupante en la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y las Islas Canarias”, añade el trabajo. En estos territorios, el riesgo de desertificación es “alto” o “muy alto” en más del 90% del territorio.
“El informe me parece relevante por ser de la institución que vela por la sostenibilidad de la economía. Muestra que ecología y economía son cada vez más inseparables, y que no hacer frente al cambio climático supone grandes costes, cuando es un riesgo predecible y evitable”, asegura José Luis García Ortega, responsable de cambio climático de Greenpeace.
El texto, según Ortega, advierte de “la incoherencia de las políticas asumidas hasta ahora”. Y se explica: “Entendemos que ha advertido la incoherencia que supone que con fondos de la PAC se estén promoviendo prácticas agrícolas o ganaderas insostenibles, entre otros factores por el exceso de consumo de agua o por la degradación del suelo, o de la incoherencia de seguir subvencionando el uso de combustibles fósiles con una mano, mientras con la otra mano hay que hacer frente a los costes crecientes de los impactos del cambio climático, entre ellos los desplazamientos forzosos de población por la desertificación, como apunta el Tribunal de Cuentas”.
Respecto a la situación de España asegura: “No hay constancia de que los presupuestos nacionales estén preparados para hacer frente a esas contingencias, pero sobre todo la llamada de atención es si tiene sentido tener que pagar por las consecuencias de algo que podemos evitar pero que estamos alimentando con nuestros presupuestos”. En el caso de España, “la respuesta evidente es que no”, añade, porque aunque se ha avanzado al unificar las políticas ambientales, climáticas y energéticas bajo un mismo ministerio, la anunciada Ley de Cambio Climático sigue sin ver la luz. Como España es uno de los países más afectados por la desertificación, “debería liderar la lucha contra el problema”, afirma este experto. El Ministerio de Transición Ecológica todavía no ha comentado el informe.
El informe incluye la respuesta de la Comisión Europea al trabajo de los auditores. En ella, el Ejecutivo comunitario “reconoce que el riesgo de desertificación y degradación de las tierras podría abordarse mejor” y asegura que era una parte del objetivo de la propuesta de la directiva marco sobre el suelo que la Comisión decidió retirar “a falta de una mayoría cualificada en el Consejo durante ocho años”. El Ejecutivo concluye que, ante la ausencia de legislación en la UE en materia de protección del suelo, son los Estados miembros los que “tienen la responsabilidad de aplicar las medidas apropiadas a escala nacional”.
Los auditores europeos critican que la UE no disponga de “una visión compartida sobre cómo lograr la degradación neutra del suelo para 2030”, uno de los compromisos en materia de lucha contra el cambio climático que se propuso Europa, pero que, a juzgar por el informe del Tribunal de Cuentas, no ha abordado aún.
