El boom turístico y la economía colaborativa han generado un cóctel explosivo en el mercado inmobiliario español. Los apartamentos vacacionales han proliferado en el centro de las ciudades más turísticas. Es un negocio rentable que expulsa a los vecinos de esas zonas. En los últimos meses, diferentes Ayuntamientos están legislando esta actividad.
MADRID. La Junta de Gobierno Municipal de Madrid aprobó el pasado jueves el plan especial para la regulación de los alojamientos turísticos. Aunque la norma no entrará en vigor hasta principios del próximo año, recoge muchas de las propuestas adelantadas por los miembros del Gobierno de Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, como la obligación para los apartamentos turísticos de la almendra central de contar con un acceso independiente a la calle. Es decir, se vetarán aquellas a las que haya que acceder por el portal. Estas medidas afectarían al 95% de las actuales viviendas turísticas del centro de la capital, según estimaciones oficiales del Ayuntamiento.
El plan también asume que una vivienda que se alquile a turistas durante más de 90 días al año está desarrollando una actividad comercial. Por tanto, su dueño tendrá que solicitar una licencia de uso terciario, de hospedaje. El Gobierno local espera poner freno a la gentrificación: la paulatina salida de los barrios más céntricos de las clases medias y de los jóvenes por el encarecimiento de la vivienda. De hecho, en estos meses, Madrid ha anunciado que ha tramitado 500 expedientes que afectan a alojamientos ubicados en los distritos de Centro, Salamanca, Moncloa y Chamberí. De ellos, 147 han concluido con la obligación para sus dueños de cesar la actividad. El Consistorio estima que hay unas 8.000 viviendas de este tipo en toda la ciudad.
BARCELONA. En Barcelona, Ada Colau llegó a la alcaldía procedente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y con la promesa de hacer de la vivienda una prioridad. El problema es que, pese a haber tomado muchas medidas pioneras, los desahucios continúan y la burbuja del alquiler, hinchada en parte por la presión turística, le ha pasado por encima y no puede cumplir sus promesas, circunstancia que origina no pocas críticas por parte de la oposición.
En materia de turismo, en Barcelona ya desde antes de la llegada de Colau no se conceden licencias de viviendas de uso turístico, pero el mercado ilegal existe. La alcaldesa puso en marcha un plan de choque y ha logrado cerrar casi 2.400 pisos turísticos que no tienen licencia. Además de conseguir que las plataformas de alquiler vacacional, como Airbnb, retiren buena parte de los anuncios de pisos sin licencia. El Plan Especial de Alojamientos Turísticos empuja los hoteles a la periferia y además prohíbe que cualquier alojamiento para visitantes se ubique en edificios de vivienda.
En los últimos meses, Colau ha centrado sus esfuerzos en buscar alianzas internacionales con otras ciudades como Londres, Nueva York o París, donde los alquileres también se han desmadrado y se produce el fenómeno de la gentrificación. Colau pide al Gobierno español que reforme la Ley de Arrendamientos Urbanos: alargando los contratos y limitando las subidas de precio.
Y a nivel municipal, las dos últimas medidas que se han tomado tienen que ver con la Ley del Derecho a la Vivienda, que aprobó el Gobierno tripartito de izquierdas de la Generalitat hace 10 años. Una es multar a los propietarios que acosen a los inquilinos con el fin de echarles de sus viviendas para reformarlas y lanzarlas de nuevo al mercado por un precio superior. Otra, que se ha aprobado inicialmente, es obligar a los promotores privados a que en las nuevas construcciones destinen un 30% del total de pisos a alquileres asequibles.
VALENCIA. La Generalitat Valenciana cuenta con una nueva ley autonómica de turismo, que solo permite el alta en el registro de apartamentos turísticos si se tiene un informe de compatibilidad urbanística que extienden los Ayuntamientos. Esto supone dejar en manos de cada municipio la regulación.
En el caso de Valencia, ciudad en la que el Consistorio estima que pueden existir unos 5.000 pisos de uso turístico, el Gobierno local deberá certificar que el inmueble se encuentra en un bajo o en las primeras plantas de un edificio. Los que no cumplan con esta condición no serán autorizados, según anunció el Ayuntamiento hace tres meses.
SEVILLA. Hasta junio pasado, Sevilla cuenta con 3.969 viviendas regularizadas con fines turísticos. Suponen el 50% de los alojamientos destinados a este servicio de los estimados por el Ayuntamiento, cuyo cálculo asciende a cerca de 8.000. “Sevilla no tiene el problema en los niveles de otras ciudades como Barcelona. Contamos desde hace cinco años con una mesa para la lucha contra la oferta alegal de pisos turísticos, con un decreto autonómico que regula este fenómeno. Pero hay que dar más pasos para evitar que el problema crezca”, declara el concejal de Turismo de Sevilla, Antonio Muñoz, que considera fundamental la concienciación ciudadana para el buen uso del servicio.
El Ayuntamiento prepara también una modificación del Plan General de Ordenación Urbana y una nueva ordenanza, ahora sujeta a un proceso de participación ciudadana, con la que esperan asumir más competencias y responsabilidades en la regularización de esta actividad.
PALMA. Esta semana, el Ayuntamiento de Palma aprobó la regulación definitiva del alquiler turístico en la capital, que prohíbe el arrendamiento de pisos a turistas en toda la ciudad y solo autoriza esta práctica en las viviendas unifamiliares, como chalets o casas aisladas, de determinadas zonas. Una normativa impulsada con el objetivo de “proteger el acceso a la vivienda de los residentes y garantizar la convivencia social”, según el concejal de Urbanismo, José Hila. La escalada de los precios del alquiler en la comunidad y la falta de una regulación clara sobre los arrendamientos vacacionales llevaron al Gobierno autonómico a aprobar en agosto pasado una ley que dejaba en manos de cada isla y del Ayuntamiento de Palma la posibilidad autorizar los pisos turísticos.
El Consell de Mallorca elaboró un mapa en el que, dependiendo de una serie de variables como la ubicación, la densidad de población o la saturación, cada municipio de la isla puede aplicar una tipología diferente de alquiler turístico. En Ibiza, sin embargo, el problema de los precios del alquiler es especialmente sangrante y ha acarreado importantes dificultades para atraer y fidelizar profesionales a la isla, como médicos, profesores y policías, que renuncian al destino debido al elevado precio de la vivienda. El Consell de Ibiza no fue capaz de aprobar su propio mapa de zonificación, aunque en la práctica el alquiler vacacional en pisos está actualmente prohibido en toda la isla porque así lo dicta la normativa autonómica.
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