La carne que llega a las mesas europeas tiene un vínculo oculto con la deforestación del extremo sur de Latinoamérica: la soja de los piensos animales. Cerdos, pollos y vacas criados en granjas de Europa tienen en su dieta a esta oleaginosa, fuente básica de las proteínas vegetales que consumen, cultivada a más de 10.000 kilómetros de distancia. La ONG Mighty Earth denuncia que la demanda global de soja promueve la deforestación del segundo pulmón de América del Sur, el Gran Chaco, repartido entre el norte de Argentina, el oeste de Paraguay y el sureste de Bolivia. Cada año decenas de miles de hectáreas de bosque chaqueño son arrasadas para convertirlas en tierras cultivables.
“La etiqueta de ‘origen local’ representa tan sólo una verdad a medias sobre los orígenes de esa carne”, sostiene la ONG ecologista en su investigación La crisis evitable: la catástrofe medioambiental de la industria europea de la carne, publicada este lunes. España importó casi dos millones de toneladas de soja procedentes de Argentina y Paraguay en 2016, la mayoría destinadas a piensos animales. Ese mismo año, las importaciones totales de Europa de este grano y sus derivados ascendieron a 46,8 millones de toneladas, de los que la mitad procedieron de América Latina. “Se requieren 8,8 millones de hectáreas para cultivar ese volumen de soja, lo que equivale a un área más grande que Austria”, señala el documento.
Presionadas por la opinión pública, las grandes empresas comercializadoras de granos -Cargill, Bunge, ADM y Louis Dreyfus, entre otras-, se comprometieron hace una década a no comprar a agricultores que deforesten el corazón verde americano, la Amazonia. Pero no hay una iniciativa conjunta similar para el Gran Chaco, una ecorregión casi desconocida para los europeos pese a la gran biodiversidad que albergan sus bosques subtropicales y las reservas de agua de su subsuelo. Sólo en Argentina, según cifras oficiales, en la última década han sido deforestadas más de 2,2 millones de hectáreas de los bosques chaqueños(una superficie cercana a la de la isla de Cerdeña) y convertidas en tierras agrícolas y ganaderas.
La Ley de Bosques aprobada por el Congreso argentino en 2007 no ha logrado protegerlos y sólo a partir de 2014 comenzó un descenso significativo de la deforestación. En el último año el Gobierno ha puesto en marcha planes oficiales para frenar la pérdida de bosques y ha crecido también el interés de las empresas por certificar ante los mercados más exigentes, como el francés, que sus granos son “sustentables”, es decir, que proceden de tierras que no han sufrido desmontes desde antes de enero de 2008. Pero son iniciativas aún minoritarias. Además, el principal destino de la soja sostenible son las fábricas de biocombustibles, no la industria cárnica.
“En los últimos años las empresas ofrecen incentivos en el precio a los productores que presenten la certificación sustentable para destinarla a la fabricación de biodiésel. Sin embargo, se sigue comprando soja proveniente de tierras deforestadas a menor precio cuyos destinos son otros”, responde a EL PAÍS Sofía E. Corina, analista de la Bolsa de Comercio de Rosario. Corina destaca que el 85% de las tierras cultivables en Argentina cumplen con el requisito de sustentables, pero para que los granos obtengan la certificación debe declararse con precisión su origen y mantener su curso diferencial desde la cosecha hasta el embarque.
La mayoría de tierras agrícolas del norte argentino está entre el restante 15%: hace 20 años aún no eran monocultivos de soja ni de maíz sino bosques. El desmonte se realiza con máquinas y cadenas que arrasan todo a su paso y a lo poco que queda en pie después se le prende fuego. Acaba con la fauna y flora nativas y las comunidades que habitan esos montes son expulsadas con dinero, con violencia o por decisión propia tras la pérdida de su hábitat, del que dependen.
Mientras, las que permanecen en lugares cercanos denuncian problemas de salud provocados por el uso de potentes agroquímicos, como el glifosato, en las áreas sembradas. “La soja es para los grandes fondos de dinero, no para nosotros”, dijo la campesina chaqueña Catalina Cendra al equipo de Mighty Earth que se desplazó al norte de Argentina. “Vienen, siembran, envenenan, cosechan y se van”, continuó Cendra, antes de señalar que tanto su familia como sus animales se enfermaron tras el paso de aviones fumigadores sobre los campos de soja transgénica vecinos a sus tierras.
La localidad chaqueña de Avia Terai está rodeada por inmensos campos de cultivos transgénicos y su población asocia el aumento de las enfermedades respiratorias, cancerígenas y las malformaciones genéticas al uso de agroquímicos. Una de las denunciantes es Silvia Achaval, madre de Camila, una niña de seis años que nació con graves defectos congénitos. Recuerda que fumigaron sobre ella cuando estaba embarazada y no tiene dudas de que está relacionado con los graves problemas de salud su hija. “A [los políticos y las empresas] sólo les interesa el dinero”, dijo Achaval. “No les preocupa que la gente se ponga enferma, que los niños nazcan sanos. Los presidentes y los alcaldes tienen que alzar la voz y decir basta ya, dejen de envenenar”.
Tras la siembra, las grandes extensiones cultivadas con soja se convierten en territorios fantasma. No hay agricultores en ellas salvo en momentos muy puntuales, como la aplicación de fertilizantes y agroquímicos, algún control periódico y el momento de la cosecha. En su mayoría, la producción queda a manos de grandes empresas que alquilan la tierra a los propietarios, subcontratan la escasa mano de obra y al final del ciclo reparten los beneficios obtenidos. Cuando cae la rentabilidad, buscan nuevas tierras fértiles, pero el bosque no tiene la misma suerte: tarda décadas en regenerarse.
630.000 viajes de camión al año
Hay entre 700 y 1.000 kilómetros entre los cultivos de las provincias de Salta, Santiago del Estero y el Chaco y los puertos de Rosario desde donde se exportan los granos. La Bolsa de Comercio de Rosario calcula que se realizan cerca de 630.000 viajes de camión por año para trasladar la producción agrícola del norte hasta allí, que incluye también maíz, trigo y algodón, entre otros. Las grandes distancias provocan que algunos productores no vendan directamente a las grandes comercializadoras sino que negocien con transportistas que hacen de intermediarios entre ambas partes, lo que complica aún más saber si la soja procede de tierras deforestadas o no.
Consultadas por el diario, la comercializadora estadounidense Cargill no respondió y Bunge se desmarcó de las acusaciones de Mighty Earth al destacar que cuenta con un sistema que permite trazar el 100% de las compras directas que realiza en Paraguay y en las provincias de Salta y Tucumán y está ampliando las actividades de seguimiento para las demás.
“La deforestación es un problema complejo y depende de un esfuerzo de múltiples actores o partes interesadas. Será necesario que el Gobierno, la industria, los productores, las comunidades locales y la sociedad civil desarrollen nuevos sistemas de control”, señaló Bunge. La presión de los consumidores europeos puede ser clave para lograr salvar los bosques suramericanos.
