La localidad colombiana de Cajamarca rechazó las inversiones mineras para proteger el medio ambiente
Bienvenido a la despensa agrícola de Colombia. Un inmenso cartel con esta leyenda, parcialmente cubierto por la tupida vegetación, recibe a todo el que llega a Cajamarca por el Alto de la Línea. Esta serpenteante carretera, recorrida a todas horas por un tráfico infernal, cruza la Cordillera Central de los Andes colombianos y es vía obligada para llegar desde Bogotá a Cali, la capital y la tercera mayor ciudad del país respectivamente.
Justo en mitad de la ruta, se encuentra Cajamarca, una pequeña localidad de tradición agrícola que se convirtió el pasado marzo en el símbolo de la lucha contra la minería en Colombia. En este pueblo andino, un pequeño grupo de activistas ecologistas locales lograron que sus argumentos prevalecieran sobre los del Gobierno y la multinacional AngloGold Ashanti, cuyo mega proyecto minero fue rechazado en referéndum por la población cajamarcuna.
Al preguntar de dónde salió la idea de convocar a una consulta popular, una herramienta que otorga a los municipios la legislación colombiana desde 1991, todos señalan a Piedras. En este pueblo, ubicado a 88 kilómetros de Cajamarca, fue rechazado por primera vez el megaproyecto minero de La Colosa, ubicado sobre una reserva de oro de hasta 35 millones de onzas, la décima mayor del mundo. Aunque Piedras no cuenta con un yacimiento de oro en su territorio, estaba destinado a albergar el tratamiento y el almacenamiento del material proveniente de Cajamarca.
El resultado de aquella consulta se percibió simplemente como una insignificante piedra en el camino para la mina, solo una pequeña población que se oponía públicamente a un proyecto imparable. Pero la derrota en Cajamarca desató una tormenta en todo el país. Más de 40 consultas similares están proyectadas y todo el plan nacional de desarrollo minero y petrolero está en riesgo ante el surgimiento de esta inesperada oposición que se vale de argumentos ecologistas frente a la creación de empleo que prometen las multinacionales y el Gobierno.
La locomotora del progreso
Si bien la tradición minera se remonta a épocas coloniales y a los comienzos de la República, un megaproyecto de minería de oro a cielo abierto como el de La Colosa no tendría precedente en Colombia. Se trata, sin duda, de la principal caldera de la locomotora minero-energética que abanderó Juan Manuel Santos en su campaña presidencial de 2010. “En 2003 y 2004, comienza a subir muchísimo el precio de las materias primas y del oro, lo que lleva a que comience un proceso de titulación minera en todo el país, pero totalmente inconsulto”, declara el geólogo Julio Fierro. “El título minero simplemente es una decisión administrativa que se otorga desde Bogotá sin hacer ninguna consulta ni informar a nadie. Es un proceso tecnocrático, no democrático”.
Más de 40 consultas están proyectadas y todo el plan nacional de desarrollo minero y petrolero está en riesgo
La sensación de que la minería estaba siendo una imposición desde el centro del país comenzó a generar un descontento al que se sumaron los perceptibles riesgos sociales y ambientales. En la península de la Guajira, en el norte de Colombia, la mina de carbón a cielo abierto de Cerrejón lleva funcionando desde los años ochenta. Las continuas denuncias de la población local sobre la contaminación y el uso privilegiado del agua por parte de la mina en esta árida región fueron finalmente sustentadas judicialmente en 2016. A la contaminación del agua se suma, según Fierro, los riesgos de desastres ambientales asociados a este tipo de actividad, como el de Aznalcóllar, Sevilla, donde residuos mineros fueron vertidos al parque nacional de Doñana en 1998.
“Hay un problema grande y es que, en la minería de oro, por cada tonelada de roca hay un gramo de oro. La mayor parte se vuelven desechos”, explica Fierro. “Hay dos tipos de residuos que acaban en botaderos junto a la mina, los de roca que no tiene mineral y los de aquella que fue tratada químicamente, que fue molida y pulverizada y mezclada con agua, que se llaman relaves. Son unos pasivos, una bomba de tiempo sobre las personas y los ecosistemas, especialmente en los Andes, una zona sísmicamente activa”, explica el geólogo y autor de varios libros sobre políticas mineras en Colombia.
Los ‘mechudos’ contra la multinacional
De niño, Robinson Mejía “quería cambiar el mundo”, pero decidió comenzar por Cajamarca. En 2007, fundó junto otros jóvenes del pueblo el Colectivo Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca (Cosajuca). Diez años después, el grupo ha sido uno de los promotores de la consulta popular contra la minería en el municipio. “A nosotros siempre nos han catalogado como los mechudos marihuaneros”, admite Mejía. Sin embargo, sus argumentos lograron prevalecer sobre los de una multinacional que había estado 14 años tratando de ganarse a la población local con diversas inversiones sociales.
“Durante el tiempo que hicimos presencia en Cajamarca, hemos invertido más de 30 millones de dólares en proyectos socioeconómicos en la línea de nuestro valor corporativo de dejar futuros sostenibles a las comunidades locales”, declara a este medio un portavoz de AngloGold Ashanti.
“La multinacional llego como ladrón, que entra de noche y no dice a qué, sino que simplemente amanece y ya está el daño hecho”, declara Héver Olivera, un campesino de 39 años de una vecina comunidad de rural perteneciente al municipio de Cajamarca. “Muchos pensamos, cuando ellos [AngloGold Ashanti] llegaron, que era algo bueno para Cajamarca porque, si bien la agricultura nos da unas garantías laborales estables, no es algo que le permita tener a uno unas perspectivas de crecimiento económico”, explica Olivera.
Las comunidades temen la contaminación del agua se suma y los riesgos de desastres ambientales asociados a este tipo de actividad
AngloGold Ashanti optó desde su llegada por ganarse a la población local a base de inversiones. Desde la financiación del carnaval de Ibagué, la capital departamental, hasta el patrocinio del equipo de fútbol local, el Deportes Tolima. Cualquier evento cultural contó durante años con el dinero de la multinacional sudafricana. Hasta 500 trabajadores fueron contratados para comenzar a trabajar en los procesos de exploración provocando un boom de empleo en el pueblo que hizo crecer el precio de los alquileres y el de la mano de obra, provocando que el sector agrícola sufriera las consecuencias.
Los ecologistas cajamarcunos se organizaron entonces en el Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca y Anaime y se dedicaron a hacer lo que la multinacional no había hecho, explicar a las comunidades los riesgos y las consecuencias de la minería a cielo abierto. Olivera explica sintéticamente el proceso por el cual los ecologistas del comité lograron conectar y unir fuerzas con el campesinado local: “Gracias a que un número de personas despertaron y empezaron a investigar cuáles eran los verdaderos alcances del proyecto que la multinacional venía a realizar en nuestro territorio y cuáles eran los efectos a largo plazo de ese proyecto, comenzamos a comprender que el problema era más grave de lo que parecía”.
La consulta popular de Cajamarca
A pesar de la buena acogida inicial al proyecto, el trabajo de concienciación del Comité y el resultado de la consulta de Piedras puso en guardia a la multinacional. El primer intento por lograr que el concejo local aprobara la consulta fue rechazado y la compañía acudió a la Corte Constitucional buscando que la consulta nunca se realizara. Cuando la votación parecía ya inevitable, la estrategia de los que apoyaban el proyecto minero fue un llamado a la abstención, buscando que no se alcanzara el umbral mínimo del 33% de participación.
15 días antes de la fecha final de la consulta, en el mes de marzo, las elecciones anticipadas por el fallecimiento del alcalde de Cajamarca dieron la victoria al candidato que apoyaba el proyecto minero. Sin embargo, con todo en contra, con una multinacional que había invertido millones de dólares durante una década para ganarse a la población local, una institucionalidad que apoyaba abiertamente el proyecto minero y un electorado con una tendencia histórica a la abstención en Colombia, el Comité Ambiental logró ganar en las urnas. El 27 de marzo, a última hora de la tarde, se anunciaba que el umbral de participación se había superado. Con un 36,6% de participación, el 98% de los votantes rechazaron el proyecto minero y solo 76 personas votaron a favor.
“Era un deber moral y ético como ser humano opinar si querías que quedara en la historia que aquí existió un pueblo con mucha agua dulce, donde se producía tanta comida y donde se vivía en paz, pero que, por negligencia de una población que nunca quiso opinar, se acabó”, explica el campesino Héver Olivera, que recuerda: “Cuando se superó el umbral por la tarde yo dije: ‘Ya me puede caer un rayo, que yo ya hice algo útil por esta humanidad”.
“Puede haber un buen número de razones que expliquen la decisión que tomó la comunidad, pero basta con decir que hay un escepticismo natural en Colombia con respecto a los beneficios que la minería moderna y responsable puede traer a todas las partes”, declara el portavoz de Anglogold. En un escueto comunicado posterior a la votación, la multinacional anunció que aceptaba el resultado de la consulta: “Aunque en AngloGold estamos convencidos de lo contrario y la minería moderna en todo el mundo demuestra que sí es posible hacer minería, ganadería, comercio y agricultura en una misma región; respetamos y aceptamos la posición expresada por la comunidad”.
Está por ver, sin embargo, que el resultado de la consulta tenga la capacidad de poner fin de forma definitiva al proyecto. El ministro de Minas, Germán Arce, declaró en los medios que la consulta popular de Cajamarca no tendría capacidad de cambiar la ley nacional al día siguiente de la votación. El debate jurídico se desarrolla en los despachos mientras, sobre el terreno, las consultas populares sobre minería y extracción petrolera crecen como setas por todo el país.
El futuro de la minería en Colombia
Dos meses después de la votación de Cajamarca, otra consulta popular prohibió la extracción petrolera en Cumaral, un pueblo del Meta, el departamento que es el primer productor de crudo del país. Un mes más tarde, Arbeláez y Pijao votaron también en contra de proyectos de explotación minera o de hidrocarburos. Según la Asociación Colombiana de Petróleos, 42 localidades más han anunciado que tienen consultas populares en proceso. Cajamarca desató un efecto dominó ante el cual el Gobierno no encuentra respuesta. A fin de cuentas, los opositores a los proyectos extractivos están valiéndose rigurosamente de las herramientas que otorga el Estado.
¿Es posible que las comunidades rurales e históricamente abandonadas de Colombia puedan poner freno al gran proyecto económico del Gobierno nacional y de las multinacionales minero-energéticas? Según el geólogo Julio Fierro, “lo están haciendo”. “La capacidad la tienen, pero este es un juego de poderes. Las personas están logrando ejercer un poder que les da la Constitución, pero vendrá una reacción de parte de las empresas y del Gobierno nacional”, vaticina.
Si se observa al entorno regional, existen países que se han salido de la norma y han apostado por vías distintas al extractivismo. El Salvador prohibió este año la minería de oro por motivos ambientales y Costa Rica apostó hace años por un modelo de turismo sostenible, renunciando a las grandes explotaciones minero-energéticas en su territorio. Mientras, la locomotora del progreso anunciada por Santos ha podido generar en Colombia el efecto más inesperado, en palabras de Fierro, una “locomotora nacional de unión para proteger el territorio”.
