El delegado para asuntos ambientales respaldó la demanda interpuesta por 25 jóvenes a principio de esta semana. Además, solicitó darle derechos a la Amazonía colombiana.
El lunes de esta semana llegó a manos del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá un documento inusual. Se trata de la primera acción de tutela sobre cambio climático interpuesta en Latinoamérica y presentada, además, por un grupo de 25 niños, niñas y jóvenes, entre los 7 y los 26 años. Por medio de esta iniciativa los accionantes, que vienen de distintas partes de Colombia, le pidieron a la Presidencia, los ministerios de Ambiente y Agricultura, Parques Nacionales y las corporaciones autónomas regionales, alcaldías y gobernaciones de la Amazonia emprendan acciones para frenar la tala del bosque amazónico.
En concreto, solicitaron que se le ordene al Gobierno que en un plazo de seis meses presente un plan de acción para reducir a cero la tasa de deforestación en la Amazonia colombiana para el año 2020, que fue el compromiso que el presidente Juan Manuel Santos hizo en la Cumbre del Clima de París del 2015. Además, solicitan que los jóvenes sean tenidos en cuenta en la toma de decisiones para este fin.
La tutela, como era de esperarse, captó la atención de varios medios de comunicación, así como de la Procuraduría, la cual intervino para darle su apoyo. Según explica Dejusticia, organización que apoyó la acción de tutela, el procurador delegado para Asuntos Ambientales, Gilberto Augusto Blanco Zúñiga, “expresó su apoyo a los niños y jóvenes, y solicitó que se le ordene al Estado colombiano tomar medidas contundentes para frenar la deforestación en la región más biodiversa del país”.
En un documento dirigido a los magistrados y en posición de coadyuvante, la Procuraduría advierte que los derechos de los jóvenes “han sido gravemente vulnerados” por las entidades demandadas, así como que estas han faltado a sus “funciones constitucionales y legales” de frenar la tala de bosque amazónico colombiano.
Además de pedir mayor control sobre la deforestación y mencionar varios de los riesgos que conlleva no tomar acciones inmediatas contra el cambio climatico, el procurador delegado pide que se reconozca la Amazonía colombiana como una “ “entidad sujeta de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado, las comunidades étnicas y de los residentes en su zona de influencia”. En otras palabras, solicita que se le den derechos, como sucedió con el río Atrato con el fin de protegerlo ante la minería.
