Los protagonistas son niños y jóvenes entre los 7 y 26 años. Piden mayor participación en el tema.
En la Cumbre del Clima de París del 2015, –aquel evento que acaparó tanta atención y pareció convertirse en una bocanada de aire fresco para el planeta, pues los países se comprometieron a no dejar que la temperatura de la Tierra aumente 2 °C al finalizar el siglo, con respeto a los niveles preindustriales–, Colombia reafirmó un gran compromiso: reducir a cero la tasa de deforestación en la Amazonia para el año 2020.
Esa extensa y tupida selva, aunque parezca lejana, tiene una relación directa con el agua que consumen los ocho millones de habitantes de Bogotá, pues las lluvias que alimentan al páramo de Chingaza, la principal fábrica de agua de la capital, se producen y viajan desde allí. Así que las 70.074 hectáreas de bosque natural que se perdieron en 2016 importan y preocupan.
Por eso, el próximo lunes, en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, un grupo de 25 niños, niñas y jóvenes, entre los 7 y los 26 años, interpondrán una acción judicial para exigir la defensa de sus derechos a gozar de un ambiente sano, a la vida, a la salud, a la alimentación y el agua, amenazados por la deforestación que ocurre en una porción de la cuenca hidrográfica más grande del mundo y sus efectos en el calentamiento del país.
Los accionantes –apoyados por Dejusticia– son de 17 ciudades y municipios que, de acuerdo con el monitoreo realizado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), forman parte de las regiones con mayor riesgo por cambio climático en Colombia: Arauca, Bogotá, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cubarral, Envigado, Florencia, Floridablanca, Itagüí, La Calera, Leticia, Manizales, Neiva, Palmira, Quibdó y San Andrés y Providencia.
Una de ellas es Yurshell Yanishey Rodríguez. Tiene 23 años, es estudiante de ingeniería ambiental y desde niña ha tenido un interés especial por el medioambiente y la protección del mar. Yurshell nació y creció en Providencia, el departamento más vulnerable de todos. Para el 2070 la temperatura de esta zona, su hogar, aumentará 1,4 grados, y las lluvias se reducirán 32 por ciento, según los cálculos del Ideam.
A 1.220 kilómetros en avión del hogar de Yurshell vive Pablo Cavanzo Piñeros. Tiene 13 años y ya ha tenido la oportunidad de recorrer páramos como los de Siscunsí y Ocetá y hacer excursiones al nevado del Cocuy y Ciudad Perdida. Pablo vive en Bogotá, la segunda ciudad colombiana en mayor riesgo por el cambio climático.
“Estamos en un momento crítico, dada la velocidad a la que está ocurriendo la deforestación en la Amazonia colombiana, que, sumada a la falta de capacidad y planeación de las autoridades competentes para hacer frente a esta situación, y a la omisión de su deber de protección ambiental, hace que sea necesaria la adopción de medidas urgentes”, reclaman los accionistas en la tutela.
La medida adquiere mayor relevancia a tan solo dos años de que acabe el plazo y en un país donde la deforestación aumentó un 44 por ciento en el último año: se perdieron 178.597 hectáreas de bosque, lo que equivale al tamaño de un departamento como el Quindío; y de ese total, el 39 por ciento está concentrado en la Amazonia.
Esto genera una amenaza grave sobre los derechos fundamentales de quienes hoy somos jóvenes y enfrentaremos en nuestra vida adulta los efectos del cambio climático.
Las emisiones de CO2 por la deforestación contribuyen al cambio climático y, por lo tanto, tienen consecuencias nefastas para todo el país: altera el ciclo del agua, genera una grave amenaza de inundaciones, sequías, deslizamientos, proliferación de enfermedades tropicales, escasez de alimentos, pérdidas de cultivos, descongelamiento de glaciares, aumento de temperaturas e incremento o disminución de las precipitaciones en algunas zonas.
De seguir así, para el periodo 2041-2070 la temperatura de Colombia aumentará 1,6 °C y para el periodo 2071-2100 la temperatura media anual podría aumentar gradualmente 2,14 °C. EL TIEMPO habló con el director de Dejusticia, César Rodríguez, sobre la primera tutela de este tipo en América Latina y sus implicaciones.
¿Cuál es la propuesta concreta de esta tutela?
Que la Presidencia, los ministerios de Ambiente y Agricultura, Parques Nacionales Naturales y las alcaldías y gobernaciones de la Amazonia emprendan acciones urgentes para frenar la tala del bosque amazónico. Pedimos que se le ordene al Gobierno que en un plazo de seis meses presente un plan de acción, para reducir a cero la tasa de deforestación en la Amazonia colombiana para el año 2020, que fue el compromiso que el presidente Juan Manuel Santos hizo en la COP21.
Es el primer litigio de América Latina que se hace en nombre de los derechos de las generaciones futuras, quienes más van a sufrir los impactos del cambio climático, para que sean tenidos en cuenta en la toma de decisiones. Ellos deberían tener una voz más poderosa y hacer mayor presencia en los debates.
No estamos pidiendo que el Gobierno prometa más, sino que cumpla lo que prometió y provea los mecanismos para que las nuevas generaciones tengan voz en esas decisiones.
El país ya cuenta con el programa Visión Amazonía para cumplir con esa meta. ¿Qué más están proponiendo?
Las autoridades demandadas deben hacer un acuerdo intergeneracional con los demandantes, en el que se comprometan a tomar medidas eficaces y cuantificables para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para que las generaciones futuras puedan satisfacer sus necesidades. Este acuerdo intergeneracional deberá incluir una rendición de cuentas sobre las medidas adoptadas sobre adaptación y mitigación del cambio climático.
El Estado no puede simplemente exculparse diciendo “yo ya tengo un plan andando”; la obligación, entonces, es que cumpla esos objetivos y nos diga cómo lo va a hacer de aquí al 2020 para obtener los resultados.
¿Cuáles fueron los vacíos que encontraron en la ejecución del programa?
Hay una falta de acciones en el corto plazo para comenzar a avanzar hacia una dirección de no deforestación en la Amazonia colombiana. Hay una falta de coordinación entre las entidades nacionales y locales. Falta de cumplimiento de las acciones que le corresponden a cada una de ellas. Tampoco hay un sentido de urgencia; el programa anda muy lento, como si se tratara de un compromiso para décadas lejanas. Ni hay la suficiente participación de los interesados y afectados, que son las generaciones futuras.
¿Tuvieron en cuenta la variable del posacuerdo y sus efectos?
Sí, pero hay un principio en derecho que consiste en que nadie puede alegar la culpa propia para excusarse. Según la experiencia internacional, en los posconflictos se dispara la depredación ambiental porque se abren zonas que antes estaban vedadas a otros actores, incluso había recomendaciones para mitigar esos impactos. Eso se sabía.
Internacionalmente, uno no se puede excusar diciendo “ay, qué pena, es que me surgió este problemita que no esperaba”. Si era así, no debimos habernos comprometido. Es un reto cerrar la brecha entre el discurso internacional y la realidad nacional.
¿Hay algún precedente jurídico para esta tutela?
Hay una ola creciente de acciones de litigio contra la inacción de los Estados o de las empresas en relación con el cambio climático. Los compromisos internacionales todavía son débiles, no hay una especie de policía mundial para hacer sanciones cuando hay incumplimientos, sino que las metas son voluntarias, lo que se conoce como derecho blando, aunque con un importante valor simbólico.
En países como Estados Unidos y Holanda, grupos de jóvenes han presentado acciones judiciales para reclamar sus derechos como generación futura frente a los efectos del cambio climático. Pero en Colombia y América Latina, esta será la primera.
