En peligro. Así se encuentran las reservas forestales del país, según aseguran colectivos ambientalistas, por cuenta de una nueva resolución que prepara el Ministerio de Ambiente y cuyo contenido fue ratificado ante integrantes de veedurías ciudadanas el pasado fin de semana.
El documento ha generado debate pues incluye el concepto de “realinderación”, que a juicio de la Veeduría Reserva Van der Hammen y la Veeduría por los Cerros Orientales, ambas de Bogotá, abriría la puerta a la reducción de las áreas de reserva para permitir su urbanización, sin que se exija la correspondiente compensación ambiental.
Este no es un asunto menor si se tiene en cuenta que, de acuerdo con cifras oficiales, en Colombia hay cerca de 48.440.006 hectáreas que componen dichas reservas y que, en definición del Minambiente, son áreas públicas o privadas, no consideradas como áreas protegidas, pero que sí “están orientadas al desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre”.
EL COLOMBIANO tuvo acceso a un borrador de la resolución, en la que se indica que “el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adoptará los términos de referencia para la realización de los estudios con base en los cuales las autoridades ambientales realinderarán, integrarán o recategorizarán las reservas forestales del país”. No obstante, al consultar en la entidad sobre este tema, no hubo ninguna respuesta del ministro Luis Gilberto Murillo.
En ese orden, la resolución delega en las corporaciones autónomas, la responsabilidad de redefinir los límites y polígonos de las reservas en caso de ser necesario.
El exministro de Ambiente Manuel Rodríguez, calificó en su cuenta de Twitter el proyecto de resolución como un “desastre doble”, al considerar que el Ministerio, “con el fin de facilitar la urbanización de la Reserva van der Hammen, tiene en proyecto una resolución que, además, pone en riesgo las reservas forestales de Colombia” y agregó que la normatividad resultaría “altamente atentatoria” para la protección ambiental.
Luego de conocer que se preparaban estas disposiciones, las veedurías de la Reserva van der Hammen y de los Cerros Orientales, enviaron desde el pasado 1 de diciembre un documento con observaciones al texto, en el que llamaban la atención sobre el verbo “realinderar”, que no está definido en la normas vigentes como el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables o la Ley 99 de 1993.
Las entidades enfatizaron en que “surgen preguntas que tendrían que estar previamente resueltas respecto a la diferencia entre sustracción y realinderamiento, ¿se trata de ajustar límites o de abrir la posibilidad, en la práctica, de sustraer por otros motivos?”.
Ante ese dilema, también preocupó a las veedurías que “se permita o haya laxitud en relación con el deterioro del estado de una reserva para propiciar su sustracción o realinderamiento”.
Nelson Vivas, integrante de la Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero, consideró al respecto que esas zonas que naturalmente se degradan, no deberían ser retiradas de las reservas, sino entrar a un proceso de restauración por parte del Estado y las corporaciones y agregó que “es lamentable que en vez de aumentar la superficie de reservas y áreas protegidas, vayamos en progresivos procesos de disminución de hectáreas”.
Sin embargo, el economista y magíster en hidrosistemas, Armando Sarmiento, consideró que en el país hay reservas como la Van der Hammen, que “desde el punto de vista ecológico no tiene ningún valor ni importancia”, porque está “aislada en un contexto urbano, sometida a enormes presiones, atravesada por varias vías y un río altamente contaminado, y rodeada de una actividad urbana inmensa”, por tanto “si hay que ajustar un límite para permitir que la ciudad haga las obras necesarias para que el tráfico mejore, no importaría”.
El experto concluyó explicando que en muchos de los casos, los líos de límites de las reservas se dan porque éstas “no se han delimitado de una manera precisa y eso deja un vacío deben afrontar propietarios o entidades cuando se requiere hacer un proyecto o una obra de infraestructura”.
