Los negociadores del clima de casi 200 países (COP23) decidieron este sábado darse cita en 2018 para evaluar sus recortes de emisiones de gases de efecto invernadero, al término de una conferencia ensombrecida por la anunciada retirada de Estados Unidos.
La COP23 se prolongó hasta la madrugada (hora local) del sábado en Bonn por las divergencias sobre la financiación de la lucha contra el cambio climático, el gran pulso histórico entre países ricos y Estados en vías de desarrollo.
El objetivo principal de la COP23 era empezar a redactar el reglamento del histórico Acuerdo de París de 2015, para impedir que la temperatura del planeta aumente más de 2ºC respecto a la era preindustrial.
Pero los países en vías de desarrollo llegaron con una vieja demanda: que todos los miembros aclaren sus compromisos de reducción de gases de efecto invernadero y, más importante aún, sus compromisos financieros, de aquí a 2020, antes de que entre en vigor el Acuerdo de París.
El forcejeo era simplemente para establecer el marco negociador, antes siquiera de entrar en el fondo de la cuestión, a lo largo del año que viene.
Finalmente el inventario de emisiones y de planes de financiación se hará en 2018, hasta la COP24, que se celebrará en diciembre en Katowice (Polonia), indicó la resolución final de la COP23.
Un estudio divulgado esta semana alertó de que las emisiones de gases de efecto invernadero, las principales responsables del calentamiento del planeta, han vuelto a aumentar en 2017, un 2%, luego de tres años de relativa estabilidad.
“Hay mucho nerviosismo” por parte de los países industrializados, que no quieren comprometerse sobre cifras y plazos, explicó Alden Meyer, veterano observador de la Unión de Científicos Preocupados.
Esta decisión “presiona de forma inmediata a los países desarrollados para que aumenten su ambición de aquí a 2020 y posteriormente”, se congratuló la red Climate Action Network.
El farragoso trabajo sobre el reglamento del Acuerdo de París, que define entre otros los criterios de control mutuo de emisiones o la transferencia de tecnología, apenas quedó esbozado, con un borrador que podría llegar a centenares de páginas.
Los negociadores ya reconocen abiertamente que necesitarán como mínimo otra sesión de fórceps para aligerar el texto, antes de diciembre de 2018.
El principal emisor histórico de CO2 y uno de los mayores financieros de la ayuda climática, Estados Unidos, asiste por el momento a las negociaciones, pero su actitud ha cambiado totalmente desde que el presidente del país, Donald Trump, anunciara en junio que abandonará el Acuerdo de París.
“La posición de Estados Unidos influye a los otros países desarrollados, lo que a su vez tiene consecuencias para las posiciones que adoptan la mayoría de países en desarrollo. Todo el mundo se vigila mutuamente”, explicó a la AFP Seyni Nafo, un negociador del grupo de naciones africanas.
A pesar de todo, la delegación estadounidense se comportó “constructivamente y de forma neutral, sin perturbar” los trabajos, explicó la ministra alemana de Medio Ambiente, Barbara Hendricks.
Estados Unidos abandonará el Acuerdo en 2020. Países industrializados y emergentes se esfuerzan ya por tomar el relevo.
Una veintena de ellos anunció esta semana una alianza para eliminar el carbón como fuente energética en las próximas décadas.
El presidente francés, Emmanuel Macron, acogerá a mandatarios del mundo entero el 12 de diciembre en París para reafirmar el compromiso de hace dos años. Trump no fue invitado.
Los fondos no llegan
La COP23 de Bonn debía ser una etapa intermedia, pero la última jornada de negociación, de casi 24 horas ininterrumpidas, demostró la profunda división en la comunidad internacional.
“La ‘pata débil‘ son los métodos de implementación [del Acuerdo], no solamente el acceso a financiamiento y recursos, sino la transferencia de tecnologías y gestión de capacidades” para ayudar a los países en desarrollo, explicó la ministra de Exteriores de Ecuador, María Fernanda Espinosa, que representa al G77 y China (134 países).
El Fondo Verde creado en la COP de Cancún de 2009 es un ejemplo de ello.
“Ya han pasado ocho años, se esperaban 100.000 millones de dólares anuales, y eso no ha ocurrido. Lo que hay en la cesta son 6.000 millones”, criticó la ministra.
