La Asociación de Afectados por el Conflicto entre el Ayuntamiento y Airbnb critica las sanciones de 30.000 euros
Son vecinos de Barcelona que han alquilado sus pisos a turistas a través de Airbnb. De forma esporádica, aseguran, porque son viviendas habituales. Cuando se marchaban de vacaciones o compartiendo su vivienda con turistas. Y el Ayuntamiento les ha multado con 30.000 euros. Una cantidad que en muchos casos, no tienen. Aseguran que no son especuladores, que el consistorio no ha respondido a sus alegaciones y que el portal de alquiler turístico se desentiende de ellos. Por ello han creado la Asociación de Afectados por el Conflicto entre el Ayuntamiento y Airbnb. Ya han comenzado a presentar recursos y preparan una demanda conjunta.
La Asociación de Afectados por el Conflicto entre el Ayuntamiento de Barcelona y Airbnb, (ACABA son sus siglas), se presentó ayer en Barcelona. Son 56 casos —familias, pensionistas, personas sin trabajo— y además de asociarse se han puesto en manos de un abogado que estima que, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento ha anunciado 6.000 procedimientos administrativos, puede haber 500 casos parecidos. Los que conocen se reparten por barrios toda la ciudad.
El presidente de la asociación, Neal Shanahan, es uno de los afectados. Relató su caso. En verano de 2016 alquiló tres semanas su piso del barrio del Carmel. Sacó 1.500 euros que declaró a Hacienda y le han caído 30.001 euros de multa. “El Ayuntamiento te envía una orden de cese de la actividad con amenaza de multa de 10.000 euros. Y casi en paralelo la otra multa de 30.000. No por cesar la actividad te libras de la sanción”, alertó.
El Ayuntamiento respondió ayer mismo que se limita aplicar la ley y que “desconocerla no exonera de su cumplimiento”, aunque admitió que la actividad de plataformas como Airbnb “que han facilitado y promocionado el alquiler de vivienda habitual sin poner impedimentos técnicos ni pedir número de registro no ha ayudado a clarificar la situación”. También aseguró que ha respondido a todas las alegaciones.
Unos argumentos que contrastan con las duras críticas de la asociación. Sus integrantes aseguran que el Ayuntamiento “actúa con mala fe y mala gestión”, denunciando a partir de una sola captura de pantalla de la web de Airbnb. “Hay un vacío legal, el fin no justifica los medios, no hay suficientes argumentos legales, si la gente no retiraba los anuncios es porque no sabía que era ilegal. No se sintieron aludidos con la guerra [del gobierno de la alcaldesa Ada Colau] contra los especuladores, nosotros alquilábamos la primera vivienda, nadie sabía que corría el riesgo”, lamentó Shanahan. “Sabemos que hay un problema con los pisos turísticos y también con el precio del alquiler en la ciudad y creemos que hay que regular esta nueva industria como se ha hecho en otras ciudades”, añadió.
El abogado de ACABA, Dylan Tarín, aseguró: “Aquí quien incumple la ley es el Ayuntamiento”. Y lamentó la campaña del consistorio entre los vecinos para que delataran a quienes alquilaban sus viviendas a turistas, pero no para alertar a quienes lo hacían. Tarín cuestionó que las sanciones se impongan “antes de hacer alegaciones”. Y alertó de “desviación de poder”, de “utilizar las leyes con finalidades distintas de las que fueron creadas”, porque “se sanciona a personas y no a empresas que prestan servicios turísticos”. El abogado también recordó que desde febrero de 2017 las multas han subido la multa de 30.000 a 60.000 euros.
El papel de Airbnb
Tarín también cargó contra el papel de Airbnb, “que vende imagen de empresa colaborativa” y que cuando los afectados se pusieron en contacto con el portal “les dijeron que en ningún caso era su responsabilidad”. Airbnb respondió que el portal “siempre funciona para su comunidad y las personas que comparten su vivienda, y continuará haciéndolo”. “Queremos ser buenos socios con la comunidad de Barcelona y trabajaremos con los funcionarios para lograr una regulación más justa y clara”, afirmó.
ACABA aseguró durante el acto de presentación de la asociación que en septiembre pasado se reunió con la máxima responsable de los inspectores municipales y con el jefe de Gabinete de la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz: “Se mostraron muy comprensivos y consideraron las multas muy desafortunadas, pero aseguraron que tenían una situación de guerra [contra los pisos turísticos] y que lo sentían mucho”. En opinión de Shanahan, “son conscientes de las realidades individuales pero no les importa en absoluto, no han hecho nada”.
