El desastre ecológico en Mauricio pide la participación universal en el marco jurídico internacional
El derrame de combustible que está produciendo el buque petrolero MV Wakashio, un carguero de propiedad japonesa y pabellón panameño que encalló en un arrecife de coral el 25 de julio frente a las islas Mauricio y que vertió enormes cantidades de combustible en una zona ambientalmente sensible y de gran diversidad biológica, subrayan la necesidad de que todos los países adopten los más recientes instrumentos jurídicos internacionales.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) destacó este jueves que pese a que aún se desconocen los motivos por los que la embarcación encalló, se considera que el derrame es el peor en la historia de Mauricio. El buque transportaba a bordo aproximadamente 3894 toneladas de gasolina, 207 toneladas de diésel y 90 toneladas de aceite lubricante.
El vertido pone en peligro los corales, los peces y otra vida marina y amenaza la economía, la seguridad alimentaria, la salud y la industria turística de 1600 millones de dólares de la pequeña nación insular, que actualmente también sufre los efectos negativos de la COVID-19.
Según las informaciones que baraja la UNCTAD, el pasado 11 de agosto ya se habían filtrado a las aguas ecológicamente vulnerables entre 1000 y 2000 toneladas de combustible procedentes de un tanque roto. El 15 de agosto, el buque se partió en dos, momento en el que se recuperó la mayor parte del combustible a bordo, de acuerdo con la empresa japonesa propietaria del buque naufragado.
El problema de la legislación internacional de mares y océanos
La protección de los mares se rige por varios convenios internacionales. Sin embargo, algunos no han sido ratificados por todos los países que podrían beneficiarse de ellos, y otros aún no han entrado en vigor.
Todo ello genera una situación confusa cuando se producen derrames de petróleo, ya que no todas las partes implicadas tienen la misma responsabilidad y el mismo derecho a indemnización, dependiendo del tipo de buques responsables de la contaminación y de si han firmado los convenios existentes.
“Se necesita una participación universal en el marco jurídico internacional existente, en el que todas las naciones sean parte en los acuerdos, de modo que los países vulnerables estén protegidos cuando ocurran incidentes como éste”, afirmó Shamika N. Sirimanne, director de tecnología y logística de la UNCTAD.
Sirimanne explicó que estos derrames de petróleo son el preludio de consecuencias ambientales y socioeconómicas negativas para los países en desarrollo, especialmente para los pequeños Estados insulares en desarrollo y van contra del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 de la ONU, que busca la conservación y el uso sostenible de los mares y océanos.
Menor compensación de la esperada
Según la UNCTAD, en este caso el problema reside en que la legislación, por la que Mauricio percibiría una mayor compensación económica, no puede aplicarse ya que el navío encallado es un carguero y no un petrolero.
La contaminación provocada por petroleros se rige por un convenio diferente al de los cargueros, que está cubierto por el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil Nacida de Daños Debidos a Contaminación por los Hidrocarburos para Combustible de los Buques, del que Mauricio forma parte.
Esta legislación establece un tope de responsabilidad económica más bajo, dependiendo del tamaño del buque o del tonelaje bruto.
En el caso del MV Wakashio, la indemnización máxima por pérdidas económicas y costos de restauración del medio ambiente sería de unos 65,17 millones de dólares.
En cambio, si se tratara de un petrolero, el régimen aplicable de los Fondos internacionales de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, del que Mauricio también forma parte, podría haber proporcionado una indemnización de hasta 286 millones de dólares. Pero el pequeño estado insular no ha ratificado el Protocolo de Fondo Complementario del año 2003, que prevé una responsabilidad e indemnización por siniestro aún mayor, hasta un máximo de 1050 millones de dólares.
