A la solicitud al Gobierno Nacional, por parte de la Procuraduría, de declarar emergencia ambiental en territorios del Norte y Bajo Cauca de Antioquia afectados por Hidroituango, se sumó este lunes la decisión de esta entidad de investigar a la junta directiva de EPM y funcionarios y ejecutivos de la Anla por la crisis del proyecto.
“Hemos abierto formalmente una investigación disciplinaria contra los miembros de lajunta directiva de la empresa (EPM) y algunos funcionarios de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). La magnitud del daño generado en términos sociales, económicos y ambientales ameritaría para el Gobierno Nacional la declaratoria de la emergencia ambiental”, expresó el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez.
El funcionario indicó que con la declaratoria se implementaría un paquete de medidas que ayudarían en la recuperación y restitución de los derechos de los afectados y del daño causado al medio ambiente, que se salen del campo de acción de las normas ordinarias y de “curas menores”.
Carrillo resaltó que se habla de “emergencia ambiental” por el impacto del proyecto en cuatro departamentos y 20 municipios del país, así como la afectación a más de 120.000 personas principalmente pescadores. Un daño que calificó de irreparable pues “prácticamente se secó el río Cauca”.
“Se ha afectado los derechos sociales, económicos, ambientales de las personas. Estamos hablando de un universo de más de 20.000 familias de pescadores y 35.000 pescadores. Es claro que estamos hablando de una obra que debe tener un retraso de por lo menos 3 años y un costo de recuperación de más de 2 billones de pesos”, apuntó.
El procurador Carrillo reiteró que el propósito de la carta enviada a la Superintendencia de Sociedades es solicitar una intervención técnica para el proyecto que según este tiene un retraso de 3 años y un costo de recuperación de 2 billones de pesos.
“Se necesita cubrir el campo de las decisiones técnicas, corporativas y societarias que se han tomado al interior de esa empresa, siempre en la búsqueda de la trasparencia. Hay muchas dudas respecto a la integralidad a nivel de la revelación de los informes de expertos, nosotros creemos que en estos momentos se requiere de una asistencia técnica para saber dónde estamos en relación con este problema”, apuntó Carrillo.
El funcionario explicó que se necesitan informes de expertos externos a la empresa. “Es la hora de convocar una comisión de investigación independiente. Aquí no podemos entregarle esta investigación a expertos financiados por la misma empresa, para garantizar la objetividad en las conclusiones y tener acceso a todos los documentos”, afirmó.
Por último, el funcionario agregó que para el 26 de febrero habrá una audiencia donde se espera contar con los afectados de la crisis ambiental y una rendición de cuentas de las autoridades y la empresa.
La semana pasada la Procuraduría estuvo recorriendo las riberas y poblaciones aledañas del río Cauca para valorar la situación y con base en esta misión tomar las determinaciones que se anunciaron este lunes.
Desde el pasado 8 de febrero, el órgano de control le pidió la Superintendencia de Sociedades vigilar y controlar el accionar de EPM, argumentando que la empresa, presuntamente, viene suministrando información que no se ajusta a la realidad de los hechos.
“Se necesita cubrir el campo de las decisiones técnicas, corporativas y societarias que se han tomado al interior de esa empresa, siempre en la búsqueda de la trasparencia. Hay muchas dudas respecto a la integralidad a nivel de la revelación de los informes de expertos, nosotros creemos que en estos momentos se requiere de una asistencia técnica para saber dónde estamos en relación con este problema”, aseveró Carrillo.
