Aunque en el pozo de Lizama no se estaba realizando fracking, esa emergencia frenó la autorización que iba a darle la ANLA a Ecopetrol para implementar esa técnica, a solo 30 kilómetros del derrame. Mientras, los candidatos presidenciales -por votación o convicción- parecen alineados para decirle no a la también llamada fracturación hidráulica.
Desde 1983, cuando tenía 25 años, Leonardo Gutiérrez empezó a cultivar palma de aceite en Puerto Wilches, un municipio de Santander que se levanta al lado derecho del río Magdalena en una región del país que por décadas había sido eminentemente agrícola. Con el inicio del nuevo siglo, la actividad económica para los wilchenses fue mutando hacia la acelerada exploración petrolera, promovida por los últimos gobiernos y que introdujo en el lenguaje diario de los habitantes de esta zona del país una palabra que hasta hace poco no les decía mucho: fracking.
Para Leonardo y sus compañeros de Asopalcentral, la Asociación de Pequeños Palmicultores de la Zona Central, el fracking parece ser un coco que amenaza con afectar el único sustento económico que tienen en esas tierras que él admite “no son buenas”. Aunque el cultivo de la palma tiene un impacto ambiental importante por el excesivo uso de agua que demanda, la exploración petrolera con esta modalidad que técnicamente es denominada como yacimientos no convencionales dejaría, según sus críticos, contaminada el agua de esta región por el uso de tóxicos y afectaría los cultivos de por lo menos mil familias.
Hace unos días, en esta calurosa zona del nororiente de Colombia, las alarmas se prendieron porque mientras el país observaba con indignación el derrame de crudo en zona rural de Barrancabermeja y además le pedía explicaciones a la ANLA por lo ocurrido, esa misma entidad expedía el auto 1243 del 23 de marzo de 2018, con el que se iniciaba el trámite de la licencia del piloto de fracturación hidráulica de Ecopetrol, en un proyecto conocido como APE-Guane, que está a solo 30 kilómetros de la emergencia ambiental.
Según ese documento, Ecopetrol había solicitado la licencia ambiental para “desarrollar las actividades de exploración de hidrocarburos en yacimientos convencionales y yacimientos no convencionales”, con lo que se materializaba una idea que había planteado desde agosto del año pasado el presidente de la petrolera, Felipe Bayón, quien propuso un piloto de fracking para “desmitificar las leyendas” sobre esta técnica.Desde entonces los habitantes de esta zona del país no han dejado de llamar la atención para que el desarrollo no los atropelle.
“Lo que ocurrió en Lizama con el supuesto pozo abandonado, es prueba de que no se puede aceptar el fracking cerca de las comunidades. Con esa técnica la catástrofe ambiental hubiera sido aún más profunda de la ocurrida”, advierte Óscar Sampayo, integrante del GEAM, el Grupo deEstudios Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio, quien cuenta que en la región que debería estar protegida ambientalmente, están por desarrollarse por lo menos cinco exploraciones con fracturación hidráulica.
“No es un capricho de nosotros, es que hay evidencia científica de los riesgos del fracking”, insiste Carlos Andrés Santiago, uno de los líderes de la llamada Alianza Contra el Fracking, que se creó en esta región del país hace unos años. Para él, “no hay forma de convivir con esta técnica, no solo porque están en riesgo la vida y la salud de las comunidades, sino el el medio ambiente”.
Por su parte, Leonardo desde sus 20 hectáreas de cultivo de palma, cuestiona al gobierno por querer resolver la situación económica del país a costa de su bienestar. “El Estado le juega a resolver los ingresos de la Nación por esta vía del fracking. Ellos dicen ‘no importa el daño ambiental, allá la gente que se joda’, pero nosotros estamos diciendo que el agua que nos van a dañar para toda la vida, es mucho más que esa plata”.
Aún sin haber apagado el ‘incendio’ que significó para la ANLA el derrame del pozo 158 de la Lizama, la entidad prefirió calmar los ánimos y a través de la resolución 475 del 6 de abril de 2018, suspendió preventivamente todos los trámites de licencias ambientales en la zona del desastre, entre ellas esta para explorar con fracturación hidráulica. El documento de nueve páginas señala que esta decisión se toma “hasta tanto no se comunique (…) por parte de Ecopetrol las causas que generaron la contingencia del 2 de marzo (…) en vista de prevenir situaciones como las ya presentadas en dicho campo de explotación”.
“Esto significa que una vez se identifique que no existe el riesgo, se continuará con la evaluación”, le advirtió a El Espectador la directora de la ANLA, Claudia González, quien aclara en que por el momento no se ha dado ninguna licencia para operar con fracking. Para las comunidades, el reversazo de la entidad fue una victoria de la presión ciudadana, sin embargo, no se sienten seguros con la respuesta de la funcionaria, porque es probable que en el corto plazo se reactiven los permisos para el uso de la polémica técnica, sobre todo en momentos en que las empresas petroleras del país advierten por la pérdida de autosuficiencia energética de Colombia.
La Asociación Colombiana del Petróleo ACP, cree que si no se empieza a usar esta tecnología en el país, Colombia pasará pronto de ser exportador a importador de petróleo y gas, lo que “implicaría un incremento en el precio de la gasolina, el diésel, y otros productos derivados del petróleo”. Las empresas del sector de hidrocarburos son conscientes de la dependencia del país hacia esta industria, por lo que recuerdan lo que ya ocurrió con la reforma tributaria de 2016: “el país podría incrementar los impuestos a los ciudadanos para mantener sus planes de inversión en educación, salud, infraestructura y vivienda, entre otros, además de recortar los gastos del Estado”.
A pesar de la insistencia de los petroleros sobre un bajo impacto ambiental y las bondades del fracking -que calculan podría triplicar las reservas de petróleo en Colombia– por estos días, en medio de la campaña electoral, prefieren guardar silencio sobre este asunto. “Por ahora estamos concentrados en la atención de la situación de Barrancabermeja. Los trámites para cualquier proyecto de no convencionales están suspendidos. No hay licencia para Ecopetrol, ni para otras empresas”, aseguran voceros de la petrolera de mayoría estatal consultados por El Espectador. La tragedia de Lizama se convirtió en una especie de florero de Llorente por el que los candidatos terminaron coincidiendo en que no apoyarían esta tecnología.
El nuevo tema de campaña
Salvo algunas excepciones, no ha habido foro, conversatorio, debate o entrevista en la que no les planteen a los candidatos presidenciales si avalarían en su gobierno el fracking para dinamizar la industria del petróleo. Desde Iván Duque y Germán Vargas Lleras, quienes en un foro de la ANDI habían dado a entender que no descartarían por completo esa técnica en el país; pasando por Sergio Fajardo y Humberto De la Calle que responden con un rotundo no, hasta Gustavo Petro, quien ha sido el más radical contra la industria petrolera; ahora todos se muestran alineados para decir que el fracking no es una opción, al menos por el momento.
Sumado a los riesgos ambientales que alegan las comunidades del Magdalena Medio, como la contaminación del agua, el aumento de la sismicidad o la proliferación de enfermedades por la mala calidad del aire; hay un recurrente reclamo por la falta de desarrollo en el área cercana a estos proyectos petroleros, una petición que según Leonardo Gutiérrez, les han hecho a todos los gobiernos y que podría explicar aún más el rechazo al llamado oro negro.
“Yo les decía a las directivas de Ecopetrol: aquí llevan cien años sacando petróleo y para nosotros no queda nada. Ellos me respondieron que ahí estaban las regalías, pero yo les preguntaba, ¿tenemos agua potable? No ¿Alcantarillado tenemos? No. En cien años no ha habido desarrollo”, se queja Gutiérrez ante la venia de sus amigos palmicultores. Y agrega: “Lo único que trae el petróleo es una cantidad de camionetas lujosas, los prostíbulos que crecen, pero el resto no se ve más nada”.
De momento, a algunos candidatos presidenciales los perciben como oportunistas entre estas poblaciones, pues creen que han cambiado de posición por conveniencia electoral, mas no por convicción, porque ahora es políticamente incorrecto apoyar el fracking. “Hacen lo que hizo Santos, dijo que no iba a subir los impuestos y ya vimos lo que pasó. Si llegan a ganar van a intentar implementar esos proyectos, pero la van a tener difícil porque la oposición ciudadana frente a eso es muy alta”, agrega Carlos.
Habitando seguramente sobre millones de barriles de reservas de petróleo, como ellos mismos reconocen, la gente del Magdalena Medio coincide en que en las elecciones del 27 de mayo están en juego tres modelos frente a la explotación petrolera: el que pretende continuar la extracción tal como está para asegurar la inversión extranjera; el que busca continuarla pero con nuevas condiciones ambientales y mayor tributación para las empresas para que haya desarrollo de las regiones y el que pretende que haya cero extractivismo de petróleo y carbón.
Para evitarse riesgos, personajes como Gutiérrez, Sampayo y Santiago, no quieren confiarse ni dejar a la suerte quién será el nuevo presidente. Así que, en medio del impacto sobre la economía del país, buscarán dos formas de cerrarle definitivamente las puertas al fracking en Colombia: Por un lado, con la realización de las consultas populares en los municipios donde se están solicitando estos proyectos y por el otro, con una ley que prohíba definitivamente esa tecnología en el país y que según revelan, ya tiene el visto bueno de más de 30 congresistas. Habrá que ver si después de la campaña, el fracking le sigue importando al país
