En las regulaciones administrativas de los apartamentos vacacionales abundan los requisitos sin sentido cuando lo que importa es el crecimiento ordenado
El nuevo alojamiento vacacional —tipo Airbnb— ha disparado las alarmas. Los Ayuntamientos ven cómo el centro de las ciudades se convierte en un parque de atracciones para extranjeros; los vecinos soportan un trasiego constante de extraños y los hoteleros ven amenazado su negocio. Todos están nerviosos, menos los turistas y los propietarios de los pisos.
El rápido crecimiento de las viviendas turísticas es un fenómeno social de múltiples consecuencias, algunas nocivas. Por tanto, corresponde a las autoridades regularlo en aras al bien común, no de intereses particulares, sean estos los de las comunidades de vecinos o los hoteleros, exclusivamente. Eso es lo que parecen olvidar algunas comunidades autónomas que han aprobado, o están en trance de aprobar, la normativa que regula estos apartamentos, y que argumentan basándose en razones fiscales. Claro que toda actividad que genere un ingreso debe tributar, pero ese principio no parece estar detrás de muchos requisitos cuyo incumplimiento conlleva sanciones de hasta 300.000 euros.
Por ejemplo, Andalucía. La Junta exige que los apartamentos que se anuncien en alguna plataforma —la forma más habitual de contratar— tengan aire acondicionado en todas las habitaciones. Da igual que la habitación sea grande o pequeña, que esté en Sierra Nevada o en el desierto de Almería. Cabe preguntarse qué lógica hay detrás de semejante exigencia, por otra parte tan poco respetuosa con el medio ambiente. O de que Canarias y Asturias obliguen a que haya lámparas en las mesillas de noche; que en Navarra el dueño deba permanecer en la localidad mientras alquila la casa, y que Baleares y otras comunidades exijan atención telefónica las 24 horas. Más que medidas tendentes a garantizar la sostenibilidad o la seguridad —otras, como el seguro de responsabilidad civil o tener extintor sí lo son— parecen murallas de defensa de la industria hotelera.
Algunos gobiernos se han escudado en la necesidad de hacer aflorar alquileres en negro, pero eso cuadra difícilmente con que las transacciones se realizan mediante transferencias bancarias. Y desde luego casa poco con otras exigencias excesivamente minuciosas. ¿De verdad hay que llegar a citar las perchas en una normativa legal? Puestos a eso, ¿cuántas perchas tiene que tener un armario para poder alquilar la vivienda? Prácticamente todas las comunidades exigen un registro, pero si pretenden controlar este nuevo mercado sería bueno facilitar los trámites. Igual que sería bueno revisar la Ley de Arrendamientos Urbanos para que este nuevo negocio no mengüe el ya pequeño mercado de alquiler de vivienda permanente. Porque, aunque la casuística es infinita, hay quien ha visto en el modelo de Airbnb no solo una forma de ganar más dinero, sino de alejarse del riesgo de inquilinos morosos y poder disponer de la vivienda.
Más que pararse en requisitos sin sentido, las autoridades deberían garantizar el crecimiento ordenado de los nuevos negocios y la adecuación de los clásicos para que ambos sumen.
