Historiador e investigador señala que al país vende una imagen que ya no tiene
Mario Boza presentó, junto a otros ciudadanos y organizaciones ambientalistas, el recurso de amparo que la Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar, en setiembre, en el cual se denunció el abandono de estas áreas protegidas. Para el investigador e historiador, la carestía material existente es una estafa a los visitantes.
En su criterio, la resolución de los altos jueces deja un sabor amargo al demostrarse que las actuales autoridades responsables de 166 áreas silvestres protegidas fallaron en la protección efectiva a estas y concluirán su gestión sin solucionar lo que calificó como un “grave problema”.
–Cuando se impulsó la creación de áreas protegidas hace tantas décadas, ¿cuál era el objetivo?
– Estamos hablando de los años entre 1970 y 1972. El objetivo original siempre fue conservar la naturaleza del país junto con áreas de extraordinaria importancia histórica (Santa Rosa) y escénica (Poás). Pero tanto en Santa Rosa como en el Poás, siempre existía el componente de la naturaleza; en Santa Rosa, el bosque seco, y en Poás, el bosque nublado en la cima y lluvioso en las laderas.
“También se tuvo en mente, desde el principio, desarrollar instalaciones para que los visitantes pudieran admirar los recursos de estos primeros parques, respondiendo a la doble función de proteger la naturaleza y permitir que los turistas la disfruten y la investiguen.
“Igual teníamos en mente que parte de los visitantes iban a ser turistas que ya visitaban el Poás regularmente, pero la gran importancia turística o ecoturística actual de nuestros parques y reservas ni la imaginábamos”.
– Costa Rica saca gran partido de sus áreas protegidas. Tanto que vende turísticamente el país como un destino verde y cobra diferenciado a extranjeros respecto a ticos. Los primeros $15 y lo segundos, ¢1.000. ¿Cuánto ingreso pueden generarles estas áreas al país solo por visitas?
– Aquí encontramos una situación que tiene dos caras diferentes. Por una parte, sí, el país por medio del Instituto Costarricense de Turismo vende a Costa Rica como un país verde, con, supuestamente, excelentes parques nacionales y reservas equivalentes, y con, supuestamente, abundancia de fauna silvestre.
“Por otra parte, encontramos a esas áreas protegidas abandonadas, descuidadas, desprotegidas y desfinanciadas a pesar de todo el dinero que producen. Es decir, nos encontramos con un doble mensaje, o mejor dicho, con un mensaje por una parte y con una realidad por la otra.
“Con base en datos oficiales, el país obtuvo $4.000 millones por año por concepto de turismo. Con base también en datos del Instituto Costarricense de Turismo, del Ministerio de Ambiente y Energía y del Banco Central, en el 2016, para un 66,6% de los turistas su motivo principal de la visita fue el ecoturismo y las áreas protegidas públicas. Con base en estos datos, podemos estimar que nuestros parques y reservas contribuyeron con un más de $2.000 millones a la economía del país.
“Todos estos datos nos demuestran la enorme importancia de nuestras áreas protegidas en la economía del país, pero también demuestran que nos estamos comiendo la gallina de los huevos de oro.
“Recientemente, un guardaparques de Carara (en Garabito), un parque que se está convirtiendo en un ‘bosque vacío’ a causa de la caza furtiva (está el bosque, pero los animales ya los exterminaron), me contó que dos turistas españolas que habían recorrido el sendero principal, le dijeron que ‘no habían visto ni una mariposa’. Más claro no canta un gallo. Cuando se conozca que las áreas protegidas de Costa Rica ya no protegen nada, el ecoturismo buscará otros destinos.
–Usted fue el primer director del Servicio de Parques Nacionales en 1970 y luego viceministro del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, actual Minae, en 1990. ¿A dónde se supone que va el dinero?
–Me referiré a los fondos propios que genera el sistema de parques nacionales y reservas equivalentes. Actualmente, con base en datos oficiales, estos generan por diferentes conceptos, principalmente tarifas de entrada, unos $23,8 millones por año.
“No hay ninguna información sobre cuánto de estos fondos regresa a las áreas protegidas, por lo que hemos tenido que estimar que son $3 millones. El resto se usan ilegalmente, según mi criterio, en otros gastos del Ministerio sin nexo con las áreas protegidas.
“Es decir, los parques están financiando infinidad de gastos del Minae, y a cambio reciben las boronas de lo que han producido. Esto lo denunciamos en el recurso de amparo que presentamos, pero la Sala no se refirió a este tema”.
–¿Cuándo cree que empezó esto?
–Viene sucediendo desde 1998 cuando se creó el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) con base en la Ley de Biodiversidad. Es por ello que hemos presentado a consideración de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley Nº 19.937, Creación –de nuevo- del Servicio de Parques Nacionales como una dirección general del Minae.
“Es decir, volver a lo de antes, a lo que funcionaba, y lo que funciona en los países del mundo más desarrollados en el tema de los parques nacionales, como los Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Sudáfrica, Rusia y hasta Argentina”.
–Volviendo al tema de generación de ingreso. ¿Cómo describiría a un extranjero que paga $15 por ingresar a un parque nacional la situación que se ha denunciado en el recurso de amparo?
–Estamos estafando al turista. En Estados Unidos, el país más desarrollado en el tema de parques nacionales donde nació el concepto en 1872, un parque nacional como el del Gran Cañón del Colorado cobra una cuota individual de $15 por persona y $30 por vehículo, indistintamente del número de personas.
“Pero, mucha atención, ahí el visitante halla todas las instalaciones típicas de un parque nacional desarrollado como carreteras de acceso (sin huecos), centros de visitantes, senderos, refugios, miradores, áreas para acampar, zonas de almuerzos campestres, y otras. Obviamente, agua potable y mucha interpretación y narrativa del lugar como folletos de entrada, exhibidores explicativos a lo largo del cañón y de los senderos, caminatas guiadas por guardaparques, vitrinas en el centro de visitantes.
“En cambio, en nuestro Parque Nacional Arenal, otra maravilla de la naturaleza, cobran $15 a los turistas, y ofrece lo siguiente: un desvío desde la carretera principal a la represa hasta la entrada al parque, sin asfalto y lleno de huecos; un camino dentro del parque hasta el mirador del volcán, que es una trocha, no una carretera; un mirador del volcán que se desplomó recientemente por su mal estado, un sendero a la colada de lava, que no puede de ninguna manera llamarse ‘sendero’, sino una simple trocha peatonal, la cual es una invitación a quebrarse una pierna porque hay que saltar de piedra en piedra; y unos servicios sanitarios apenas aceptables.
–Pero plata sí hay, ¿cierto?
–Sí, es simplemente que a los parques les quitan la plata que producen. Al Parque Nacional Arenal lo visitan unos 100.000 visitantes al año, de los cuales 75.000 son extranjeros. Recibe $1.125.000 por concepto de tarifas de entrada, ¿cómo no han podido construir un sendero de madera tratada encima de la colada, como existen en los parques nacionales volcánicos de Hawaii? Y ni hablar de los servicios sanitarios en Manuel Antonio: son una vergüenza nacional a pesar de que este parque genera $5,3 millones al año.
–¿Qué opina del nivel de cumplimiento y compromiso de este Gobierno con los parques nacionales y áreas protegidas considerando el hecho de que ha debido llevar el asunto hasta la Sala Constitucional?
–El compromiso de esta administración, a pesar de lo que puedan decir las autoridades del Minae, ha dejado mucho que desear en materia de protección y desarrollo de parques nacionales y el bienestar de los guardaparques. Gran número de las promesas de campaña política, como la de expulsar a los oreros que siguen destruyendo el Parque Nacional Corcovado se han incumplido a pesar de existir una orden de la Sala Constitucional.
“El Sindicato de Trabajadores del Minae, Sitraminae, se cansó de hablar y de enviar cartas y documentos a las autoridades, y sus solicitudes casi no han sido atendidas. Lo único que se ha movido es el reconocimiento a la disponibilidad para los guardaparques, gestionado incansablemente, durante años, por el Sitraminae”.
–Pero algún mérito tendrán, ¿no?
–Méritos que esta Administración saca a relucir, como la construcción de instalaciones en algunos parques y reservas se deben a un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que solicitó el gobierno anterior. Estos llegaron y se encontraron ese dinero ya gestionado. Igualmente, el traslado de plazas de guardaparques del Fondo de Parques Nacionales a presupuesto ordinario, que esta administración saca también a relucir, lo gestionó enteramente el Sitraminae. Y finalmente, el gran logro de las autoridades de que el ICT dará $1 millón por año a los parques, causa hilaridad, cuando uno ve que a los parques les quitan casi $20 millones de lo que producen.
“Esperamos que la próxima administración, sea cual sea, sí le dé a nuestro sistema de parques y reservas la prioridad necesaria, tomando en cuenta su enorme contribución al desarrollo socioeconómico del país (y en consonancia a la propaganda de país verde) y que están protegiendo la herencia natural que nuestro país tiene.
“Aunque esta Administración diga lo contrario, lo que aquí prevalece es lo que dijo la Sala Constitucional: las áreas silvestres protegidas requieren una intervención por parte de las autoridades competentes, porque el Estado no ha sido capaz de brindar una protección efectiva. Es decir, el descuido del que hemos venido hablando ya no lo decimos nosotros, lo dice la Sala Constitucional”.
