Estudios científicos apuntan a una reducción de entre el 24% y el 40% de los recursos disponibles. El Gobierno plantea una moratoria que impida que crezca el regadío
Ni cuencas excedentes –a las que les sobra el aguasupuestamente– ni deficitarias –a las que les falta y reciben de otras–. Las previsiones científicas apuntan a que el cambio climático dejará obsoleta una terminología que ha sustentado en las últimas décadas trasvases entre cuencas y obligará también a cambiar la política de gestión del agua seguida en las últimas décadas en España, donde el regadío ha crecido descontrolado sin tener en cuenta los recursos hídricos disponibles.
“Las previsiones del Cedex [Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas] y del IPCC [el grupo de expertos que radiografían el calentamiento global para la ONU] exponen que se van a reducir los recursos hídricos disponibles en España entre un 24% y un 40% dependiendo de la cuenca”, apunta Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica. Esas proyecciones son hasta 2100. “Pero ya estamos constatando que se están anticipando escenarios que preveía el IPCC”, añade Morán.
El Gobierno está preparando ya la revisión de los planes hidrológicos de todas las cuencas del país. Espera tener diseñadas las líneas generales de esa revisión en junio, que debe estar lista para entrar en vigor en 2021. La última palabra la tendrá, en todo caso, el Gobierno que salga de las urnas el 28 de abril.
Pacto nacional
El calentamiento global hará que sea complicado encontrar una región a la que el agua le sobre, si bien, como dice el secretario de Estado aludiendo a diferentes estudios científicos, Castilla-La Mancha y Levante “serán las zonas con más impactos, con reducciones de 40%”. Ambas zonas son protagonistas desde hace cuatro décadas de un enfrentamiento por el agua, que se recrudece ahora durante la campaña electoral de las autonómicas. Un acueducto conduce el agua desde la cabecera del río Tajo, en Castilla-La Mancha, hasta el Segura, que sirve para abastecer a poblaciones y, fundamentalmente, regadíos de Murcia, Alicante y Almería. Pero, hace solo dos años, hubo un primer aviso serio: la sequía fue tan extrema que ese trasvase entre el Tajo y el Segura estuvo parado durante 11 meses; los pantanos de los que debía salir el agua estaban en mínimos históricos y la normativa vigente no permitía que se abriera el grifo.
Las calles se llenaron de protestas de regantes y el Gobierno del PP puso sobre la mesa un pacto nacional. A un lado de la mesa, en representación del Ejecutivo, estaba la entonces ministra Isabel García Tejerina; al otro, en representación del PSOE, Hugo Morán. “Había un espacio de diálogo, pero llegó la moción de censura”, explica Morán. “Ya no volvimos a hablar”, dice García Tejerina sobre aquel intento fallido. La exministra reconoce la importancia de intentar cerrar un gran acuerdo de este tipo debido a que la “planificación que se realiza es a largo plazo” y los cambios de Gobiernos “no pueden paralizar las inversiones”. “Hace falta consenso”, añade.
El actual Ejecutivo del PSOE prepara un “libro verde” para la gobernanza del agua, que está discutiendo con agentes sociales y comunidades autónomas, explica Morán. Y en el Parlamento se aprobaron en diciembre –sin los votos de PP y Ciudadanos– unas recomendaciones sobre la “transición hidrológica” que pretendían sentar las bases para la gestión del agua a largo plazo. La adaptación al cambio climático recorre todo el informe aprobado en las Cortes.
Leandro del Moral, del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla, no minimiza el impacto que tendrá el calentamiento. Pero en vez de fijarse en los efectos a 10, 15 o 20 años de este fenómeno, prefiere centrar el foco en las consecuencias que desde hace décadas ya se padecen debido a la “mala gestión” y al “exceso de consumo”. España es, junto a Portugal, el país de la Unión Europea en el que la agricultura consume un porcentaje mayor del agua dulce disponible, según el último gran informe de la ONU sobre el estado del medio ambiente. El regadío consume el 79% de este recurso. La superficie agrícola de regadío –que actualmente supera los 3,77 millones de hectáreas– no para de crecer, pese a las periódicas sequías que vive el país.
Entre 2008 y 2018 se ha incrementado un 11,8% el regadío en España, según laEncuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos, del Ministerio de Agricultura. Y, aunque ha aumentado la eficiencia a través de la modernización de los sistemas de riego, el consumo global del agua del sector agrícola no ha descendido en ese periodo. Del Moral resalta dos problemas: la “imposibilidad de controlar las extracciones de aguas subterráneas” y “la presión social” existente para que se autoricen nuevos regadíos. En la misma línea, Alberto Fernández, responsable del área de agua de WWF, lamenta el uso intensivo de este recurso por parte de la agricultura gracias a la connivencia de las Administraciones.
Morán admite el problema. “En España ha habido una ausencia de planificación”, reconoce el secretario de Estado sobre el incremento descontrolado de los regadíos.
Su departamento está preparando la revisión de los planes hidrológicos de todas las cuencas del país que se deben aplicar entre 2021 y 2027. Y lo que plantea el ministerio es aplicar una “moratoria” que impida el desarrollo de nuevos regadíos mientras no estén listas las actualizaciones de los planes de cuenca.
Fernández, de WWF, incide en la necesidad de abordar otra pata importante: la obligación de mantener la calidad y cantidad de las masas de agua. “El único pacto posible es cumplir la directiva marco del agua”, resume. Y España incumple varios de estos apartados, como la depuración, por la que el país ya ha sido condenado a una multa de 12 millones. Además, cada semestre España debe pagar otros 11 millones mientras no estén operativas las depuradoras de nueve municipios del país de más de 15.000 habitantes que debían limpiar bien sus aguar urbanas desde hace casi 20 años.
DESALACIÓN PARA SUPLIR EL TRASVASE DEL TAJO EN 2021
El Gobierno central deberá fijar y completar los caudales ecológicos de la cuenca del río Tajo, del que sale el agua del trasvase al Segura, tal y como ha establecido recientemente el Tribunal Supremo. El Parlamento Europeo también instó a España en 2016 a fijar un caudal ecológico “suficiente para lograr el objetivo de garantizar el buen estado del río y permitir un grado de dilución suficiente de las aguas residuales”. La Eurocámara lo pedía entonces para el Tajo y para el Ebro. Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, asegura que en la revisión que está realizando su ministerio de los planes de cuenca ya estaba prevista la fijación de esos mínimos.
Algunas asociaciones contrarias al trasvase del Tajo al Segura aseguran que la fijación de esos flujos condena esta infraestructura. Morán prefiere no avanzar conclusiones. Y afirma que el Ejecutivo trabaja con la previsión de que de aquí a 2021 se duplique la capacidad de desalinización.
El objetivo sería, sostiene, que para ese año –si no se puede emplear el trasvase por la sequía o por los caudales ecológicos que se establezcan– estén cubiertas todas las necesidades actuales de agua en la zona de Levante.
LAS CIFRAS DEL CONSUMO HÍDRICO
En el año hidrológico 2016-2017 las diferentes actividades humanas consumieron en España 29.000 hectómetros cúbicos de agua, según el Informe de seguimiento de los planes hidrológicos de cuenca y de los recursos hídricos, que elabora anualmente el Ministerio para la Transición Ecológica.
El 79% de toda el agua consumida fue a parar a la agricultura, el 16% a abastecimiento humano y el 5% a actividades industriales.
De los 29.000 hectómetros cúbicos empleados, el 72,7% procedían de aguas superficiales, es decir, de los pantanos y embalses. El 22,5% fue de origen subterráneo (los acuíferos). Y solo 300 hectómetros cúbicos procedían de la reutilización y 520 de la desalinización.
Los diferentes planes hidrológicos establecen programas de inversiones plurianules. Y el informe resalta que en 2017 solo se ha ejecutado un 13,3% de la inversión prevista hasta 2021, aunque ya ha transcurrido un 33% del tiempo de aplicación de estos planes. Además, la inmensa mayoría de las inversiones se han destinado a satisfacer la demanda (regadíos) y no para mejorar la calidad de las aguas, como establecen las directivas europeas.
