La Generalitat defiende la legalidad de los planes urbanísticos impulsados por los ayuntamientos del litoral de Girona
Los nuevos planes urbanísticos que se han puesto en marcha en la primera línea de mar en varios municipios de la Costa Brava, como Pals, Palamós y Aiguafreda, han soliviantado a entidades y grupos ecologistas. La plataforma Sos Costa Brava los ha tildado de “obsoletos y caducos” y una amenaza al medioambiente la construcción de más de 2.200 nuevas viviendas y otros proyectos parecidos. El Govern, por su parte, defiende la legalidad de estos planes. Tras los años de crisis económica, sobre todo en el sector de la construcción, un alud de proyectos urbanísticos planean sobre la Costa Brava.
“La mayoría de estos proyectos tienen su origen en planificaciones de la época franquista y de los años 80 y 90. Son fósiles urbanísticos que se arrastran desde hace tiempo, pero la normativa ha cambiado muchísimo, como por ejemplo en el tema de las pendientes del terreno”, explica Marta Ball-llosera, portavoz de la Iaeden-Salvem l’Empordà y miembro de SOS Costa Brava. Ball-llosera asegura que se trata de “modelos urbanísticos caducos y que la justificación jurídica para seguir construyendo es irregular”.
Las más de 2.200 viviendas que está previsto construir, 1.076 en Pals; 265 en Aiguafreda, Begur; los 72 apartamentos de lujo en la Pineda d’en Gori en Palamós, y proyectos parecidos en Palafrugell, Mont-ras, Llançà y Tossa de Mar, han hecho que una veintena de entidades y asociaciones ecologistas se hayan unido para hacerle frente y denunciarlo públicamente.
En total, en escasas semanas, la plataforma ha recopilado información de más de una veintena de proyectos que se están tramitando o ya se han aprobado, pero en siete de ellos, los que todavía están a tiempo de paralizarlos, ya han empezado su ofensiva. Por ejemplo contra la urbanización de la montaña de Sant Sebastià en Palafrugell. El conjunto de planes urbanísticos que se han hecho públicos, comportarán, según los ecologistas, “graves impactos acumulativos, tanto ambientales como paisajísticos, sobre el litoral de Girona, importantes efectos negativos sobre la movilidad, los recursos hídricos y los acuíferos sobreexplotados, el paisaje y la sostenibilidad del territorio”. Por ello han impulsado una campaña de acciones de defensa del litoral, y otra de recaudación de fondos.
La plataforma empezó el pasado 4 de agosto la campaña Ni un palmo más de cemento en la Costa Brava para recaudar los 20.000 euros que calculan que costarán los trámites y la contratación de técnicos y abogados para intentar paralizar los proyectos urbanísticos. Ya ha reunido el 10% del total. Ball-llosera asegura que, a pesar de necesitar el efectivo, “la urgencia no es tanto económica como conseguir frenar el alud de amenazas urbanísticas que planean sobre el medio ambiente, el paisaje y la calidad de vida en la Costa Brava”.Tras la denuncia de SOS Costa Brava, el consejero de Territorio Damià Calvet ha defendido la legalidad de los planes urbanísticos impulsados por los ayuntamientos del litoral gerundense. “Los planeamientos son correctos y cuando nos lleguen pondremos nuestra dosis de comprobación de legalidad urbanística”, dijo en declaraciones a Europa Press. Calvet defendió que ya ha habido una reducción importante de suelo urbanizable, apostando por más espacios libres y equipamientos: “Es legítimo que cualquier persona o entidad exprese su opinión, pero estamos muy seguros de la política urbanística de la Generalitat, que preserva el territorio y que en los últimos años ha llevado a cabo medidas que desclasifican el suelo”.
