A través de una carta enviada al Ministerio de Agricultura, este organismo aseguró que no existe información científica suficiente que soporte las cuotas establecidas en la resolución 350, documento que generó polémica a principio de noviembre por supuestamente abrirle la puerta a la pesca y al aleteo de tiburones.
A través de una carta, la Procuraduría le solicitó al Ministerio de Agricultura modificar, suspender o revocar la Resolución 350 de 2019. Se trata del documento que desató polémica por, supuestamente, “abrirle la puerta a la pesca y al aleteo de tiburones”, como criticaron algunos usuarios en redes sociales. La orden, hecha pública este sábado, se debe a que no existe “información científica suficiente, ni claridad sobre el control que se realizará a los pescadores por parte de las autoridades”, explicó el organismo de control.
Si bien ya existía desde años anteriores documentos que regulaban esta práctica, la aparición del decreto generó confusión. Esa es una de las razones de esta solicitud de la Procuraduría. Según explicaron en la misiva dirigida a la secretaria General del ministerio, Ana María López Hernández, ya existía una resolución previa de Minambiente en la que se prohíbe el aleteo “(cercenamiento y retención de las aletas de tiburón, y descarte del resto del cuerpo al mar), por lo que la Resolución 350 “no debería incluir el término ‘aleta’, toda vez que se podría interpretar como una autorización de la práctica del ‘aleteo’, más aún cuando se hace referencia a la pesca artesanal”.
Otra de las razones es la falta de información científica sobre esta problemática, un asunto que ya habían señalado expertos en artículos publicados por este diario previamente. “¿Cuál es el respaldo científico de esas cuotas que presenta el Gobierno? No existe. ¿De dónde sacan que 125 toneladas del Caribe es una cifra adecuada? No hay esa información. No hay estudios de poblaciones de tiburón que son objeto de captura. No sabemos”, había dicho Juan Manuel Díaz, asesor científico regional de la organización MarViva para Colombia, a El Espectador en medio de la polémica.
De ahí que la Procuraduría haya solicitado a MinAgricultura aclarar cómo será el control que ejercerán las autoridades sobre el tema a sabiendas de que los pescadores artesanales no tienen un puerto fijo. También pidieron datos diferenciados por especie como “tasa de crecimiento, edad de madurez reproductiva, patrones migratorios, entre otros” para soportar un buen análisis estadístico y fijar con base en él, el stock pesquero y las cuotas.
Estas peticiones son lógicas a sabiendas de que ni siquiera se tiene tallas mínimas para estas especies en el país. Es decir, no hay un marcador para determinar la madurez reproductiva de estos individuos, asunto que perjudica la supervivencia de estos. Más para dos especies específicas que le preocupan a la Procuraduría como Alopias pelagicus y Carcharhinus falciformis, clasificadas como vulnerables en el Libro Rojo de Peces Marinos de Colombia.
